El contenido de este trabajo se centra precisamente en estudiar el régimen de contratación pública que obliga a las entidades de la Administración con forma privada y a muy diversas entidades auténticamente privadas. Se analiza el régimen de contratación y la problemática que conlleva. Identifica los numerosos sujetos que resultan obligados por sus disposiciones, entre los que figuran: sociedades mercantiles y fundaciones dependientes de la Administración; asociaciones y fundaciones privadas subvencionadas o participadas por la Administración; contratistas y concesionarios públicos; sociedades privadas que actúan en los mercados de la energía, el agua, los transportes, las telecomunicaciones y los servicios postales. La segunda parte de la obra está dedicada a analizar y resolver la vertiente procesal de aquellas normas. En particular, se estudian las dificultades que plantea la impugnación judicial de los contratos adjudicados por sujetos privados.
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