Este trabajo parte de la hipótesis de que los servicios de comunicación audiovisual no tienen una mera naturaleza económica y que, por consiguiente, los parámentros de su regulación no deben ser solamente los propios del mercado. La comunicación audiovisual constituye un factor clave dentro de la convivencia democrática, entendida ésta como el marco general en el que los ciudadanos cuentan con todas aquellas herramientas, procesos y estructuras que permiten, de modo libre y permanente, el control y la participación con relación a los asuntos públicos, así como evitar la influencia de formas o mecanismos de poder ilegítimos.
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