Coincidiendo con la salida a la luz pública del Informe sobre las condiciones de la competencia en el sector de la Distribución Comercial, en el que el Tribunal de Defensa de la competencia critica la proliferación en nuestro país de normas autonómicas que limitan la implantación de establecimientos comerciales de forma no justificada atendiendo a los principios de libre competencia y de unidad de mercado, el presente estudio nos permite llegar a la misma conclusión en relación con las dispares regulaciones de los países que integran la Unión Europea.
Muestra de la variedad de la regulación es que en unos países las exigencias requeridas para la apertura de un gran establecimiento no difieren de aquellas que se requieren para la construcción de cualquier edificación, bastando la obtención de licencia de obras. En cambio, en otros países es necesario obtener además una autorización o segunda licencia de carácter comercial, que tiene su origen en la Ley Royer, promulgada en Francia en 1973.
Los operadores económicos incurren en altos costes de información para conocer la normativa aplicable en los distintos países, a los que se añaden unos altísimos costes de preparación de los escritos y datos que deben acompañar una solicitud de autorización de apertura, así como los costes de seguimientos de los procediminetos de concesión, cuyo resultado es, por lo demás, impredecible.
